Nueva Ley de Montes contra comercio ilegal de madera

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 Contra el comercio ilegal de madera

El proyecto de Modificación de la Ley de Montes de 21 de noviembre de 2003 sobre la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) desarrolla desde hace casi un año un protocolo de actuación contra el comercio ilegal de madera y cuya versión final del borrador, que ha sido notificada ya a los colectivos implicados en la conservación y aprovechamiento forestal, parece ser la definitiva, por más que desde el Ministerio de Agricultura se diga que el anteproyecto de Ley aún no está cerca de llegar al Consejo de Ministros.

En el listado de objetivos de dicho borrador, donde figuran los de implicar a los montes en el desarrollo económico y social del medio rural; la protección contra incendios; la regulación de montes de titularidad dudosa para sacarles mayor rendimiento; el fomento de las asociaciones de propietarios forestales; y facilitar el permiso de caza único para las comunidades autónomas que lo deseen, aparece un sexto: «establecer las obligaciones y las sanciones correspondientes a la lucha contra la tala ilegal».

Declaración responsable

La incorporación a la legislación de España de medidas para eliminar la introducción de madera procedente de fuentes ilegales es una forma de cooperar con la lucha contra la deforestación a escala global y se realiza para adecuar la norma española a los Reglamentos aprobados por la UE. Para establecer el procedimiento más simple de aplicación de dicha legislación europea, la Ley de Montes establece la obligación de una declaración responsable y se tipifican las faltas correspondientes. Esta fórmula se contempla «como el sistema más simple posible para que el operador español cumpla con los reglamentos sin aumentar significativamente la carga administrativa y económica».

La nueva Ley de Montes penalizará el comercio ilegal de madera.
La nueva Ley de Montes penalizará el comercio ilegal de madera.

En la modificación propuesta, se establecería el firme compromiso de todas  las Administraciones Públicas de asegurar la perfecta legalidad de origen de los productos forestales, «poniendo todos los medios para evitar la introducción en el mercado europeo», a través de España, «de madera y productos forestales cuyo origen no sea legal», de acuerdo con los reglamentos europeos.

Vulneraciones de la Ley

A personas o empresas que vulneren las anteriores directrices (comercio ilegal de madera), se les aplicaría un nuevo tipo de infracción cuya gravedad se medirá según la valoración de la madera ilegal introducida en el mercado . Para desactivar la posibilidad de que la sanción sea considerada como un coste más de la operación y, pese a ello, siga resultando rentable, la sanción será mayor de la prescrita o el doble del valor del daño causado o, en este caso, de la madera comercializada que, además, será confiscada. Así, por ejemplo, si el valor de la madera o productos derivados de origen ilegal es igual o supera los 200.000 euros se considera una falta muy grave y se podrá imponer una sanción máxima de hasta un millón de euros. De este modo, la mayoría de las sanciones se endurecen en el proyecto de la nueva Ley porque se va a tener en cuenta, para delimitar la gravedad de la infracción, no solo el tiempo de recuperación del monte, un factor que ya se tenía en tiempo en la ley aún vigente, sino que también se incluye la extensión o importancia del daño causado para graduar la gravedad de la falta.

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